DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

El mundo de la función pública cobra periódicamente actualidad, tan pronto se menciona desde los poderes públicos la posibilidad de reformar el estatuto de los servidores de la Administración, dando cumplimiento precisamente al mandato constitucional de elaborar un “Estatuto de la Función Pública”, aún hoy inexistente; se advierte de inmediato el temor a la quiebra de una situación que, observada desde fuera, viene caracterizada por la estabilidad, el mantenimiento en el empleo y puesto, la seguridad retributiva, la protección asistencial o la posibilidad de promocionarse a través del trabajo, desarrollando una auténtica carrera administrativa en el seno de la Administración, entre otros factores que configurarían un estado de cosas que podría considerarse como de privilegio; pero que, por el contrario, y en una visión “ad intra”, vendría también marcada por el desorden organizativo, la discrecionalidad en los ascensos o traslados, la judicialización de los conflictos, la rigidez y falta de flexibilidad, la imposición unilateral de las condiciones de trabajo, la imposibilidad de negociar aspectos esenciales de la prestación del trabajo, o la escasez retributiva, todo ello a diferencia de lo que sucede en el ámbito de las relaciones laborales privadas. Ello no es sino reflejo del desconocimiento de la realidad del mundo funcionarial, no sólo por quienes lo contemplan desde el exterior, sino incluso por parte de los propios servidores públicos, primeros interesados en conocer el ámbito de sus derechos, los instrumentos establecidos para garantizarlos y los límites de la potestad autoorganizativa de la Administración y de sus facultades discrecionales.

Desde esa perspectiva cobra interés este libro; sólo conociendo el régimen jurídico de los funcionarios públicos, el conjunto de derechos y obligaciones que integran y definen su estatuto, puede entenderse hasta qué punto es o no precisa una reforma del mismo, y con qué alcance. Nos encontramos ante una obra que trata de priorizar el enfoque práctico de la problemática funcionarial, procurando ofrecer respuestas a las cuestiones y problemas que con mayor frecuencia derivan de la relación de prestación de servicios, y lo hace tanto desde la perspectiva doctrinal, como primordialmente desde la que proporcionan las decisiones, no siempre coincidentes, que se han ido emitiendo por los distintos Tribunales de justicia; y así, se aborda el régimen jurídico del funcionario, desde el momento en el que se produce su ingreso en la Administración, hasta la pérdida de su condición de tal, habitualmente a través de la jubilación, pero sin olvidar otras causas como la renuncia, la inhabilitación, etc. Ya en el mismo momento del ingreso en la función pública se manifiesta la conflictualidad de la relación de servicio, a través de los mecanismos de selección del personal, las oposiciones y sus requisitos, la publicidad de las convocatorias, la posibilidad de subsanación de las solicitudes, los concursos -con la frecuente discusión en torno a los méritos y su baremación-, la composición de los órganos de selección, o los recursos contra sus decisiones; todo ello sin olvidar la selección del personal interino o las bolsas de trabajo y los criterios de su formación. Una vez ingresado el funcionario, surge su carrera administrativa, a través de la cual va a ir consolidando sus logros y ascendiendo progresivamente a través de los sucesivos grupos o escalas, a puestos de mayor cualificación profesional; instrumentos como la promoción interna, o la superación de cursos de perfeccionamiento generan asimismo no pocos problemas. Como también los produce la movilidad y el uso, cada vez más frecuente, de la libre designación por parte de las diferentes Administraciones públicas, para premiar no tanto la confianza profesional como la fidelidad política del afectado, así como el, a veces abusivo, empleo de mecanismos de desempeño temporal de los puestos de trabajo, tales como las comisiones de servicio o las adscripciones provisionales. En la necesidad de coordinar las necesidades personales del funcionario y las de la Administración, está asimismo el origen de las diferentes situaciones administrativas, tales como los servicios especiales, la expectativa de destino, la excedencia forzosa, o las distintas modalidades de excedencias voluntarias por interés particular, por cuidado de familiares o hijos, por prestación de servicios en el sector público, por violencia de género, etc., debiendo conocerse con la necesaria precisión –y a ello tiende la presente obra- los supuestos en que procede pasar a cada una de tales situaciones, así como los efectos que de la misma derivan para el funcionario, no sólo retributivos, sino en materia de antigüedad o derechos pasivos, entre otros.

Otro campo que no puede desconocerse es el relativo al régimen de las retribuciones del funcionario público, pese a que en la mayor parte de las ocasiones aparece envuelto por tecnicismos que generan una notable confusión, con la consiguiente merma para la defensa de sus derechos; la primordial distinción entre las retribuciones que van vinculadas a la condición del funcionario y las que aparecen unidas al puesto de trabajo que se desempeña; las razones que dan lugar a las notables diferencias entre las cuantías de complementos de destino o específicos de puestos en apariencia similares; el control de la productividad o de las gratificaciones; el derecho a percibir indemnizaciones por razón del servicio y los diversos supuestos que dan lugar a su devengo; el derecho a la vivienda, o, entre otros muchos aspectos, el régimen retributivo del funcionario en prácticas, del interino, del destinado en el extranjero, del que disfruta de determinadas situaciones administrativas distintas del servicio activo, etc.. Pero con el derecho a la retribución no se acaban los derechos individuales del funcionario: debe abordarse su derecho a las vacaciones y el régimen de su disfrute, a los permisos y licencias, por enfermedad, matrimonio o unión equivalente, maternidad, paternidad, estudios, asuntos propios, traslados, violencia de género, junto a otros muchos, que han sido objeto de recientes e importantes reformas en la búsqueda de una mayor conciliación entre la vida laboral y la personal o familiar, lo que incide asimismo en el ámbito de la protección del funcionario, tanto asistencial –régimen de seguridad social-, como personal –derecho a la intimidad, igualdad de trato, seguridad e higiene en el trabajo, suscripción de seguros de responsabilidad civil,..- o profesional -adecuación del puesto de trabajo a sus aptitudes, formación profesional, derecho a las invenciones,..-, y en la garantía de su derecho al cargo, revistiendo de las necesarias garantías los supuestos de remoción del puesto de trabajo o cambios de destino impuestos por causas organizativas.

Y junto a sus derechos de índole individual, también se analizan los que pertenecen al funcionario en cuanto integrante de un colectivo que debe defender sus intereses frente al empresario, en este caso, la Administración; y en este sector, se estudian los derechos de sindicación, reunión, huelga, representación, participación institucional y, muy especialmente el de negociación colectiva y sus límites, fuente de una gran conflictualidad cuya solución se ha judicializado.

También, por supuesto, se tratan de forma individualizada los deberes que pesan sobre el funcionario público, entre los que pueden destacarse su sometimiento a jornada y horario, en sus diferentes modalidades, el deber de residencia, de neutralidad política, responsabilidad, conocimiento de la lengua autonómica, subordinación a los superiores, lealtad, así como los vinculados a su capacidad y actitud profesional. Y, obviamente, mereciendo un tratamiento especial, los derivados del régimen de incompatibilidades a los que está sujeto el servidor público, tanto respecto a sus actividades públicas como privadas. Vinculado a este apartado, se estudia la responsabilidad del funcionario, primordialmente la de índole disciplinario, las distintas faltas en que puede incurrir, las sanciones que proceden, órgano al que corresponde su imposición, procedimiento a observar, con sus trámites –pliego de cargos, actividad probatoria, plazo para resolver,..- y las imprescindibles garantías que todo Estado de Derecho impone al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de los poderes públicos.

Finalmente, debe indicarse igualmente que, junto a lo que constituyen referencias que afectan con carácter general a todo el colectivo funcionarial, se ha intentado asimismo descender a tratamientos más particularizados de colectivos concretos, como es el caso del personal interino o eventual, del laboral, del estatutario, o de los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, pues todos ellos presentan, además, sus problemáticas específicas que no pueden ser obviadas, tanto en relación con el acceso a sus puestos de trabajo, como la movilidad o el régimen retributivo, entre otros aspectos.

La obra se completa con las referencias bibliográficas cuya lectura puede permitir un conocimiento en mayor detalle y profundidad de las cuestiones que se abordan.

Rafael Manzana Laguarda

  Derechos y Deberes del Funcionario Público

 

Rafael Manzana Laguarda
 
ISBN 8484566137
Salida y disponibilidad inmediata desde nuestro almacén
1ª Edición / 622 págs. / Cartoné / Castellano / Libro
Precio:59,00 euros 05/2006 - Tirant lo Blanch - Tratados, Comentarios y Practicas Procesales

Bibliografia